lunes, 1 de abril de 2013

dificil valoracion

Uno de los clásicos poderes del Estado de Derecho-  siempre hay que distinguir con la abusada palabra  "estado de  democracia"- es el poder judicial. Los españoles elegimos a los poderes legislativos; estos seleccionan al ejecutivo, y también ahora a los jueces, a través de lo que la constitución denomina " poder judicial".

Si en la vida encontramos personas de distinta y variada y hasta variopinta naturaleza,  también en la carrera judicial hay personalidades variadas y escogidas.

Dos ejemplos actuales.

Primero, la juez Alaya. La  juez de los ERE de Andalucia. Tela marinera. Por que además no tiene mucha salud y soporta, con buen estilo estoico, según dicen, una dolencia que hace sufrir intensamente cuando se manifiesta periódicamente. El   estoicismo, según la moral estoica, y la cito como referencia lo que luego escribiré, presenta la filosofía como la ciencia de la conducta; el fin de la vida, y copio a Séneca, la felicidad, consiste  en la virtud, es decir, en la vida natural, o en el vivir  conforme la naturaleza,  en la conformidad de la acción humana,  con la ley de la naturaleza; de ahí la frase de " vive de acuerdo con la naturaleza ".  Pues  aquí tenemos a la juez Alaya, para distanciarla del juez o de la juez que instruye el caso Millet, desaparecido en las crónicas humanas. Acaso vivir como la naturaleza es distinto  en el oasis de Cataluña. Quizá convendria a todos un traspaso de  un poco de la  competencia, como razón de conducta humana  entre unos y  otros. Pero si que  lo puede arreglar, si quiere, el poder judicial. Pero los tiempos no son para confiar en exceso, en esta petición  del  traslado de formas de  ejercer la competencia para juzgar.

El  segundo ejemplo viene del juez del Juzgado de lo Penal num 11 de Madrid. No conozco el nombre  del titular de  dicho  juzgado. Pero si los comentarios del Magistrado emérito del Tribunal Supremo y Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas de  Ginebra ,Sr Martin Pallin.

La sentencia, en primera instancia, se centra en  la querella que formuló  el Jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganes y el resto del personal por un  supuesto delito   con tinuado de injurias, contra varios periodistas. Una radio, en diferentes programas de mañana, tarde y noche, vertieron contra los querellantes una serie de imputaciones y descalificaciones, según esta probado en la sentencia, quienes afirmaban  que el Dr Montes rompía los partes que  ordenaban cuidados paliativos. En un espacio de la tarde del día 26 de mayo- se recoge como hechos probados- se afirma textualmente: "  Al menos cuatro personas  han sido directamente asesinadas en el hospital Severo Ochoa de Leganés, por la via de la sedación irregular; y afirma después, el citado espacio radiofónico, " estamos hablando de 74 asesinatos". También tela marinera, de la dura.

El Sr Martin Pallin, critica que la sentencia dictada por el juzgado de lo penal num 11 de Madrid, no considere la calificación de asesinos como insulto, dado el que el art 20.1 CE, no reconoce el pretendido derecho al insulto. Y concluye ante la absolución de los querellados: "Creemos que no es necesaria una profunda argumentación para sostener que llamar asesino  a una persona atenta a su   dignidad ".

 No es posible normalizar los conflictos de opinión. Así se explica en los primeros cursos de la facultad de Derecho,en los llamados delitos de opinión, Pero las libertades no son derechos absolutos. Ninguna.  Aunque en España lo parezca, con demasiada frecuencia y cada día. Pero , con el Sr Martin Pallin   no considero que la calificacion de asesino a un medico que realiza sedaciones en  un ámbito hospitalario contribuya a la formacion de la opinión pública en una causa tan controvertida.

Es una valoración difícil, con dos actuaciones judiciales tan divergentes. Pero la libertad  de expresión no ampara el insulto. ni los extremismos  de  saqueo de los bienes públicos  licenciados    por la libertad  sindical ,  y han de ser corregidos  por los tribunales de justicia. Y no por comparecencias  políticas en los órganos legislativos.

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